Tras la nota de prensa remitida por el Grupo Municipal Popular el pasado 18 de agosto, en la que destapamos el contrato exprés de casi 10.000 euros adjudicado a la empresa propiedad del ex director de comunicación del PSOE en la Región de Murcia y hombre de máxima confianza de Pepe Vélez—, para la elaboración de un supuesto "informe sobre la radio municipal" y unas sintonías que nunca han aparecido, el PSOE de Calasparra respondió públicamente asegurando que dichos trabajos estaban "realizados, entregados y a disposición del PP".

Desde el PP de Calasparra dijimos entonces con claridad: si existen, que los enseñen. Hoy, los hechos y los documentos oficiales demuestran que la afirmación de la Alcaldesa era rotundamente falsa.

La realidad: seguimos sin ver el informe ni las sintonías

Los días 21 y 22 de agosto los concejales populares nos personamos en el Ayuntamiento para consultar el expediente, a la vista de lo declarado por el equipo de gobierno.

Resultado: en ninguna de las dos ocasiones se nos mostró el informe ni las sintonías.

El 22 de agosto, una diligencia oficial firmada por Secretaría certifica que el informe no está entre los documentos de libre acceso y que solo podría consultarse con autorización de la Alcaldía.

Es decir: mientras en prensa se decía que el informe estaba disponible, en la práctica se nos niega su consulta.

Este hecho resulta todavía más grave si tenemos en cuenta que el Grupo Popular llevaba ya más de un año solicitando por escrito hasta en seis ocasiones la entrega del informe y de las sintonías incluidas en la factura, sin obtener respuesta.

Dimite el concejal responsable del contrato fantasma, acorralado por la corrupción

Como colofón a esta cadena de irregularidades, el 21 de agosto presentó su dimisión Antonio José Merino, concejal responsable directo de este contrato y de la aplicación del supuesto informe.

Merino no es un concejal cualquiera: ya se encuentra procesado en el conocido "caso Toros", donde la Fiscalía solicita 8 años de prisión por delitos de malversación y falsedad documental.

Para el PP de Calasparra, no es en absoluto casual que abandone el cargo justo en el momento en que se destapa este nuevo escándalo. Muy al contrario, su renuncia demuestra que estaba acorralado por su propio historial judicial y por su implicación en el contrato fantasma de la radio, del que era máximo responsable político.

Otro posible caso de malversación que insulta a todos los vecinos de Calasparra

Todo lo ocurrido confirma lo que ya denunciamos: estamos ante un contrato fantasma, un caso de opacidad deliberada y un posible fraude en la gestión del dinero público, con indicios claros de malversación, falsedad documental y prevaricación.

Los hechos hablan por sí solos:

Casi 10.000 euros adjudicados sin rastro de trabajo alguno.

Declaraciones falsas de la Alcaldesa, desmentidas por la propia Secretaría municipal en una diligencia oficial.

Negativa reiterada al PP, a la coordinadora de la radio y a cualquiera que solicita ver el informe o las sintonías.

Dimisión del concejal responsable, en pleno estallido de la polémica y cercado por causas judiciales previas.

Se trata de un insulto intolerable a los vecinos de Calasparra, a quienes se les oculta deliberadamente la verdad y se les niega transparencia en la gestión de su dinero. El PSOE local debe dejar de esconderse: o muestra de inmediato el informe y las sintonías, o tendrá que rendir cuentas ante los tribunales.

El PP exige transparencia inmediata y advierte: iremos hasta el final

El PP de Calasparra exige:

La entrega inmediata del informe y de las sintonías supuestamente contratadas, tal y como obliga la normativa vigente.

Una explicación pública de por qué se ha mentido a medios, vecinos y concejales de la oposición, vulnerando el principio constitucional de control y fiscalización (art. 23 CE).

La depuración de responsabilidades políticas y administrativas, pues la reiterada negativa a entregar la documentación incumple de forma flagrante los artículos 14 y 15 del ROF, que garantizan el derecho de acceso de los concejales a la información municipal.

Recordamos que, conforme al artículo 14.3 del ROF, transcurridos cinco días sin respuesta el acceso se entiende concedido por silencio administrativo. En este caso, dicho plazo se ha superado con creces en múltiples ocasiones, por lo que el Ayuntamiento está actuando de manera ilegal e improcedente.

Por ello, y en caso de persistir la opacidad, anunciaremos el traslado del expediente a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Cuentas, para que determinen si se ha incurrido en malversación de caudales públicos, falsedad documental y vulneración de derechos fundamentales.

Y advertimos: quizá ahora estén fabricando un informe a marchas forzadas para intentar tapar el escándalo, pero vamos a llegar hasta el fondo del asunto.

María Marín: "defenderemos la transparencia hasta el final, caiga quien caiga"

"Primero denunciamos el contrato, después el PSOE mintió a todos diciendo que el informe existía y estaba a disposición de cualquiera. Ahora sabemos que era falso: el informe sigue sin aparecer, la propia Secretaría lo certifica y el concejal responsable ha dimitido. Todo esto huele a corrupción y no vamos a parar hasta que se sepa la verdad", ha señalado María Marín, portavoz del Grupo Municipal Popular.

El Grupo Municipal Popular seguirá trabajando con firmeza para defender los intereses de todos los calasparreños. No vamos a permitir que se juegue con el dinero público ni que se oculte información a los vecinos. Nuestra obligación es garantizar la transparencia y la limpieza en la gestión municipal, y llegaremos hasta el final para que se depuren todas las responsabilidades.